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Seis años de cárcel por defraudar 600 euros… ¿Cuánto pedimos por esto?

Los servicios jurídicos de la empresa municipal de limpieza LYMA mantienen el litigio con los 24 trabajadores despedidos por, presuntamente, hacer un uso ilícito de las ayudas sociales mediante facturas falsas.

Las partes se están viendo día sí y día también en los juzgados con suerte dispar por el momento, ya que cada caso está siendo analizado de forma individual y ya hay sentencias en uno y otro sentido. Sin embargo, en su afán por ‘defender’ los intereses de la empresa pública, los abogados de LYMA se han descolgado pidiendo para uno de estos trabajadores despedidos la friolera de 6 años de cárcel por haber defraudado, presuntamente, 600 euros.

Con esta misma vara de medir, cabe plantear varias cuestiones y preguntarse qué penas de cárcel serían imputables en los siguientes casos:

  • 50.000 euros año en comidas: durante la pasada legislatura, el Gobierno de Juan Soler gastó más de 50.000 euros al año en comidas con cargo a las arcas municipales, con un capítulo relativo a gastos de representación que podría alcanzar los 400.000 euros, con el consiguiente agravio para la economía municipal.
  • El actual gerente de la EMSV de Getafe ha sido incapaz de licitar las obras para la construcción de dos promociones de viviendas protegidas sorteadas en marzo de 2015, un retraso injustificable que ha supuesto miles de euros de perjuicio a los vecinos que resultaron adjudicatarios de estas viviendas en El Rosón.
  • Caso Tickets: también el actual Gobierno municipal ha permitido el uso del aparcamiento del Ayuntamiento de forma gratuita a determinadas personas cercanas a la alcaldesa, lo que ha supuesto, presuntamente, una considerable merma para las arcas públicas, amén de un agravio comparativo con el resto de los contribuyentes.
  • Paralización de inversiones: el Gobierno local, como parte actora en consorcios junto a la Comunidad de Madrid, participa en la paralización de inversiones en determinados desarrollos, como en el Parque Tecnológico TecnoGetafe, donde algunas empresas siguen esperando una solución para invertir varios millones de euros en la ciudad y generar empleo.
  • Misión imposible para lograr licencias. Las numerosas trabas impuestas por el Ayuntamiento a la hora de obtener licencias está suponiendo un considerable retraso que conlleva demoras en la inversión de millones de euros y la creación de puestos de trabajo que podrían mejorar la situación de muchas familias de la ciudad.
  • Compra de maquinaria al hermano de un concejal: justo antes de las elecciones de 2015, en las que Juan Soler perdió la Alcaldía, el todavía Gobierno municipal del PP adquirió dos máquinas barredoras a la empresa de la que es apoderado el hermano del edil Fernando Lázaro, lo que supuso un gasto de 122.000 euros que se fraguó una semana antes de los comicios.
  • Contratación de familiares de cargos de confianza: la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, adjudicó en enero de 2016 ‘a dedo’ un contrato por valor de 19.000 euros a la hermana de un cargo de confianza de su Gobierno, consultando únicamente a un proveedor (el finalmente adjudicatario).
  • Subida salarial a trabajadores “afines” al PSOE: la empresa municipal GISA tampoco se ha mantenido ajena a estas cuestiones. En enero del presente año, y con las cuentas prorrogadas, aprobó de ‘motu proprio’ y sin negociación sindical una mejora de las condiciones laborales de dos trabajadores de la empresa afines al PSOE con un sustancioso incremento salarial.
  • Cargos intermedios de LYMA: el caso de los despedidos de la empresa de limpieza es especialmente sangrante. Getafe Actualidad ya desveló al comienzo del conflicto que la emisión de facturas falsas para cobrar ayudas sociales era una “práctica habitual” en la empresa desde hace años, según confirmó uno de los trabajadores. No obstante, ningún responsable de LYMA ha sido llevado ante el juez por permitir (por acción u omisión) estas prácticas.

Éstas son sólo algunas de las cuestiones que han supuesto, presuntamente, un considerable daño al bolsillo de todos los getafenses, con cantidades mucho mayores a los 600 euros por los que LYMA reclama seis años de prisión a un trabajador que ya ha sido castigado con el despido fulminante y que bien podría haber sido solventado, como en el resto de los casos, con la suspensión temporal de empleo y sueldo.

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