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El Ayuntamiento deberá indemnizar con 25.000 euros a Mónika Rojas por el cierre de su academia en 2016

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El Ayuntamiento de Getafe deberá indemnizar con una cuantía total de 24.993,60 euros a Mónika Rojas, la propietaria de una academia de danza ubicada en El Bercial que el Gobierno local decidió cerrar en pleno curso por, presuntamente, incumplir una ordenanza.

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 22 de Madrid daba así la razón a Rojas, que recurrió el cierre de su academia perpetrado por el concejal delegado de Sostenibilidad, Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Getafe, con fecha 18 de abril de 2016, y condena por ende al Consistorio a indemnizarla por los daños y perjuicios ocasionados desde entonces.

La Junta de Gobierno Local daba cuenta el pasado 12 de diciembre de esta sentencia fechada el 26 de noviembre, y según la cual el magistrado anula el decreto de cierre de la citada academia “por no ser conforme a derecho”, a la vez que acuerda “reconocer el derecho de la recurrente a ser indemnizada por el Ayuntamiento de Getafe con la suma que se fije, en su caso, en ejecución de este sentencia, por los perjuicios derivados de la ejecución del acto  administrativo anulado, hasta el límite total de la suma de 24.993,60 euros”.

La afectada tuvo que dejar su local e iniciar una nueva actividad en otra ubicación como consecuencia de esta decisión del Gobierno municipal.

La indemnización, tal y como recoge la sentencia, debe así reparar el daño económico ocasionado por esta controvertida decisión del Ayuntamiento de Getafe, que decidió decretar el cierre del local en pleno curso lectivo dejando en la calle a más de un centenar de alumnos y alumnas.

Por ello, el magistrado estima un total de 2.754 euros por el alquiler del local; 19.239,60 euros por “lucro cesante” al no poder continuar con su actividad durante los seis meses de sanción; y 3.000 euros en concepto de daños morales, además de 4.000 euros más que deberán asumir las arcas municipales por las costas del proceso.

Contra la sentencia cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.