El estudio del afamado arquitecto Joaquín Torres, A-Cero, tenía un poder de decisión “fuera de lo normal” sobre los asuntos y proyectos del Ayuntamiento de Getafe durante el mandato de Juan Soler (PP) ya que la empresa “tenía conocimiento anticipado de los concursos” y llegando incluso a “elegir y descartar a su antojo e incluso poniendo precio a alguno de ellos”.
Así consta en el sumario del Caso Teatro Madrid al que ha tenido acceso Getafe Actualidad, en el que los agentes de la UDYCO (Unidad de Drogas y Crimen Organizado) de la Policía Nacional recogen las pruebas que podrían implicar a miembros del anterior Gobierno local en casos de corrupción a raíz de la denuncia presentada a título individual por Roberto Benítez.
De esta forma, y paralelamente a la investigación sobre el centro cultural de la calle Madrid, los agentes establecen que “con los datos analizados se puede deducir que esta forma irregular de gestión no puede ser imputable únicamente a meros técnicos o consejeros, puesto que se requiere de cierto poder para convocar un concurso o aprobar una encomienda de gestión”.
Así, deducen que “se hace patente que este tipo de tramitación irregular no era algo aislado dentro de la sección urbanística del Ayuntamiento de Getafe y sus empresas municipales”.
En concreto, el sumario recoge conversaciones y correos electrónicos intercambiados por miembros del equipo de Gobierno de Juan Soler en los que queda claro, según los agentes, que el Ejecutivo “contactaba directamente y sin concurso previo con el estudio de arquitectura ‘seleccionado’ para la realización del proyecto dejando en sus manos la estimación del gasto”. Las dos escuelas infantiles de Molinos y Buenavista y la reforma del Espacio Mercado ponen el foco en esta forma de proceder con A-Cero como empresa presuntamente beneficiaria, mientras que otros proyectos investigados apuntan a otros estudios y arquitectos con un ‘modus operandi’ similar.
Según el sumario tales son las facilidades desde el Consistorio para adjudicar los proyectos a ciertas empresas concretas, por encima de todo, que se buscan formular como la fragmentación de contratos para intentar premiar con el máximo rédito por cada adjudicación así como falsear los metros del proyecto para que se puedan amoldar, tras efectuar el baremo aplicable, a procedimientos negociados sin publicidad mucho más manejables, eliminado de esta manera posibles licitadores que rebajasen el precio final y por tanto perjudiquen al empresario”.