Uno de los detenidos en la operación policial por el llamado Caso Teatro, que investiga la presunta comisión de delitos en la adjudicación del contrato de construcción de un centro cultural en la calle Madrid, señaló en su declaración directamente a Rubén Maireles -concejal del PP y candidato a la Presidencia del partido- como principal responsable en el presunto amaño de un contrato.
Así consta en la declaración ante la Policía Judicial de A.G.J., quien asegura que existían irregularidades manifiestas en contratos durante la pasada legislatura, y que apunta directamente a Maireles sin ambages como presunto responsable de, al menos, una de ellas.
Así, según consta en su testimonio ante la policía, una de estas irregularidades consistió en que “una vez abiertas las plicas de las empresas, se volvió a solicitar oferta únicamente a una de ellas, con el claro objetivo de que esta empresa resultara adjudicataria del contrato”.
A.G.J. subraya que “la persona que ordenó esto fue Rubén Maireles”, que en ese momento era consejero adjunto de la Concejalía de Empleo, Desarrollo Económico, Nuevas Tecnologías, Obras de Edificación y Coordinación del Gobierno, cuyo concejal era Antonio José Mesa, uno de los cinco investigados (antigua figura del imputado) del Grupo Municipal Popular por este asunto.
La grave acusación se enmarca en la declaración de A.G.J en sede policial e incorporada en el sumario del Caso Teatro que instruye el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Getafe, y que se ha saldado por el momento con la imputación de cinco concejales del actual Grupo Municipal del PP.
Señalado
Rubén Maireles también aparece señalado en el sumario policial que dio paso al Caso Teatro, como conocedor de todos los detalles y de las presuntas irregularidades que rodean a la adjudicación de este proyecto.
Así, los propios agentes recogen un intercambio de correos electrónicos en los que queda acreditado que Maireles conocía la situación presuntamente irregular, y constatan que “las deficiencias en el proyecto de construcción del CEPAAE fueron patentes casi desde el comienzo, lo cual era también conocido por el personal del Ayuntamiento con algún tipo de vinculación o relación con el proyecto”, citando directamente a Rubén Maireles como una de las personas que estaban al tanto de estas deficiencias.
Ambas implicaciones, junto a algunas otras, fueron recogidas por la parte demandante en un escrito remitido al juez que instruye el caso, instándole a citar como testigo a Maireles con la intención de que aclarase su conocimiento de estas irregularidades y su presunta participación en el amaño de contratos, algo a lo que a día de hoy aún no ha habido respuesta por parte del magistrado.
Con ello, y después de que el juez decano haya tomado declaración a cinco concejales del equipo de Juan Soler en calidad de investigados, las sospechas se ciñen sobre la gestión de Rubén Maireles, de tal manera que fuentes cercanas a la investigación aseguran que su imputación podría estar muy próxima.
Paralelamente, existen indicios de la participación del concejal popular en un grupo de conversación “en el que se sugiere que se borren los historiales de los ordenadores”, según hace constar la parte demandante en su escrito remitido al magistrado.