La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Getafe ha solicitado a la Comunidad de Madrid nuevamente que aplique las sanciones necesarias a Corrugados, así como que modifique de oficio la Autorización Ambiental Integrada (AAI) que permite funcionar a la empresa por estar incompleta.
Esta nueva reclamación viene motivada por el conocimiento de que la consejería de Medio Ambiente cuenta con estudios recientes que constatan que Corrugados incumple los niveles de ruido también en el ámbito industrial. Anteriormente se había demostrado los elevados niveles de ruido en las viviendas, especialmente en Camino Viejo de Pinto en Juan de la Cierva, así como otros innumerables incumplimientos en ámbitos como el medio atmosférico, el suelo y el medio hídrico, que afectan también en mayor o menor medida a la zonas residenciales.
Getafe ya señaló legalmente a través de un informe jurídico en el mes de febrero, que la AAI que la Comunidad de Madrid concedió a la empresa está incompleta, puesto que no contempla las molestias por ruido en zona residencial, cuya competencia se había señalado erróneamente al Ayuntamiento. Por este motivo Getafe vuelve a reclamar que se modifique la AAI de oficio además de aplicar las correspondientes sanciones.
Por tanto, «la empresa Corrugados continúa beneficiándose de una AAI incompleta que le permite realizar su actividad causando indefensión a los vecinos afectados, así como al Ayuntamiento que carece de herramientas para actuar», apunta el Gobierno local, para añadir que «la AAI es competencia de la Comunidad de Madrid, quien la concede y vigila por su cumplimiento, siendo la norma que permite a Corrugados realizar su actividad; una AAI contra la que el Ayuntamiento viene alegando desde y ya desde 2014 solicitó incluir en la AAI los problemas de ruido en zonas residenciales».
«La empresa incumple sistemáticamente las condiciones establecidos en su AAI, ya sea en emisiones a la atmósfera, aguas, vertidos, como en la ejecución de las medidas establecidas en el Plan de Minimización de Ruido. Así lo indican los números expedientes abiertos a la empresa por parte de la Comunidad de Madrid, y que a día de hoy, tras más de cinco años, se encuentran sin resolver», concluye el Gobierno municipal.