Los cargos públicos que en su día impulsaron en Getafe la constitución de la empresa municipal de limpieza LYMA allá por 1997 han suscrito una carta abierta en la que acusan a la alcaldesa de la ciudad, Sara Hernández, de “confundir firmeza con insensibilidad” en la gestión que está realizando del conflicto con los 25 trabajadores despedidos por falsificar presuntamente facturas con el objetivo de cobrar ayudas sociales.
El exalcalde de Getafe, Pedro Castro; el que fuera primer teniente de Alcalde, Gregorio Gordo; el exgerente de la empresa, Antonio Suárez, y los ediles de aquel Gobierno municipal Juan Manuel Vela y Alfonso Carmona, son los firmantes de este escrito en el que cuestionan la forma de proceder del Ejecutivo de Hernández e incluso plantean dudas sobre si la actuación del Gobierno local es digna de ser catalogada como de izquierdas.
“Ser de izquierdas es optar por los pobres, indignarse ante la exclusión social, rebelarse contra toda forma de injusticia o considerar una aberración la desigualdad social”, señalan, para asegurar a continuación que muchos de los despedidos por el caso de las facturas “están ya en exclusión social, han perdido sus viviendas, y tienen que acudir a organizaciones sociales para poder comer y vestir”.
Así, los firmantes recuerdan que algunos de los trabajadores han ganado sus juicios y han sido readmitidos, mientras que otros no han corrido la misma suerte, por lo que “esta circunstancia por sí sola ya debería llevar al Gobierno municipal a recapacitar sobre su inflexible decisión inicial, implacable e injusta, así como al Pleno Municipal, incapaz de ejecutar sus propias decisiones de proceder a la readmisión de las personas despedidas, generando aún mayores cuotas de injusticia y desprotección de los trabajadores y trabajadoras”.
“Seguimos reivindicando el diálogo y la negociación con los sindicatos de clase porque es necesaria y posible”, apuntan, y concluyen instando a la alcaldesa a que entienda que “sentarse en una mesa de diálogo no puede representar una amenaza para los representantes de los ciudadanos y ciudadanas, todo lo contrario, refuerza su compromiso con la sociedad y los valores a los cuales dice representar”.
“El diálogo y la capacidad de lograr acuerdos definen la acción política”, apostillan.