La diputada de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid, Vanessa Lillo, ha presentado a instancias de IU Getafe este lunes una Proposición No de Ley (PNL) para exigir el cese inmediato del director gerente y de la directora médica del Hospital Universitario de Getafe por dar la instrucción -en un correo electrónico fechado el pasado 12 de noviembre- de derivar a los pacientes sin CIPA/tarjeta sanitaria a centros privados para que allí pagasen la atención correspondiente.
Izquierda Unida señala que esta orden supone el incumplimiento del artículo tercero de la Ley 16/2003 de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud que garantiza la asistencia sanitaria a los residentes en España que no tengan permiso de residencia legal.
“Aunque la Consejería de Sanidad no ha hecho nada hasta la fecha, es evidente que deben conocer que tras la entrada en vigor de dicho RDL todas las personas que permanecen en España sin permiso de residencia legal una vez caducado su visado de turista, o más de 90 días en el caso de haber entrado sin visado, tiene derecho a recibir asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles”, apunta la formación.
Por lo tanto, si alguna de estas personas necesita acudir a un centro hospitalario antes de haber tramitado la solicitud de dicho derecho, una vez atendida la urgencia, al servicio de admisión del hospital solo le cabe informar al paciente del lugar de la Consejería de Sanidad donde se tramita la solicitud del derecho a la asistencia sanitaria para que pueda realizar los trámites.
“En ningún caso es admisible que se niegue la asistencia a ninguna persona por falta de trámites administrativos ni mucho menos que se deriven pacientes a centros privados.”, ha señalado Vanessa Lillo.
Los motivos por los que una persona puede carecer de CIPA o encontrarse su CIPA dado temporalmente de baja son diversos y no afectan solamente a los ciudadanos extranjeros. “Emitir órdenes específicas para ciudadanos extranjeros es una actuación que solo podemos calificar de xenófoba por lo que consideramos que dicha directora Médica no puede permanecer en su puesto ni un día más” ha señalado Lillo.
“El derecho a la salud va ineludiblemente unido al derecho a la vida. Por eso, es inconcebible que alguien que ejerce esa responsabilidad en un Hospital Público anteponga otro tipo de intereses al propio código deontológico el cual establece el deber prioritario de cuidado de la salud del individuo y la comunidad, sin discriminación alguna, e inste al resto de profesionales a la disuasión de la atención y a la exclusión sanitaria”, remarca la coalición.