El pasado 10 de enero, la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, acompañada por el edil de IUCM-LV, Javier Santos, y por la concejala de Empleo, Nieves Sevilla, convocaba a los medios para anunciar que el Ayuntamiento, a través de la empresa municipal GISA, se personaba en la causa que investiga las presuntas irregularidades del anterior Gobierno en el llamado Caso Teatro.
Apenas dos meses después, el juez que instruye la causa ha asestado un contundente golpe al Gobierno municipal rechazando la posibilidad de que GISA se pueda sumar a esta causa.
La persona cuya querella ha dado origen a esta investigación, Roberto Benítez, ha comparecido este miércoles junto a su abogado, Alberto Ganga, para explicar este punto, recogido en el auto del magistrado fechado el pasado 3 de marzo.
Así, entienden los querellantes que el juez ha estimado sus alegaciones contra la personación del Ayuntamiento en los mismos términos, declinando la citada personación en base a un objetivo “más mediático que jurídico” por parte del Gobierno local.
En el escrito que presentó el Ejecutivo de Sara Hernández, se aludía a que GISA tuvo conocimiento de las presuntas irregularidades en el Caso Teatro “por los medios de comunicación”, algo a todas luces imposible según los denunciantes, ya que la propia empresa municipal fue requerida para presentar documentación por el juzgado y, además, dos de los detenidos eran trabajadores de GISA.
A ello se une que uno de estos trabajadores interpuso las correspondientes alegaciones contra esta personación y que, además, la empresa “puede tener implicaciones civiles o penales” en este procedimiento.
Por todo ello, el juez rechaza que el Ayuntamiento se incorpore a la causa y estima que la querella siga adelante con la acusación popular de Benítez.