La alcaldesa de Getafe y secretaria general del PSOE-M, Sara Hernández, apoyó con su presencia la manifestación convocada ayer por los sindicatos CC.OO. y UGT en la capital en defensa de los derechos de los trabajadores y de salarios dignos sólo unos días después de llevar a cabo el despido de 25 empleados de la empresa municipal de limpieza de Getafe.
Hernández acudió a la concentración convocada por los sindicatos de clase en 40 ciudades de toda España y no dudó a la hora de colgar un video en su perfil personal de Facebook en el que asegura que “los socialistas de Madrid estamos en la calle apoyando a los sindicatos y apoyando la lucha de los trabajadores, pidiendo y reivindicando salarios dignos y servicios de calidad para todos y todas”.
La presencia de la alcaldesa de Getafe y líder del PSOE de Madrid en esta manifestación ha generado cierto revuelo, toda vez que llega pocos días después de certificar el despido de 25 trabajadores de la empresa municipal LYMA por falsificar presuntamente facturas y apenas una semana después de conocerse el despido de un representante sindical de CGT en FORUS, empresa adjudicataria de la piscina de Getafe Norte.
Críticas desde CC.OO.
Precisamente uno de los sindicatos convocantes de esta manifestación nacional, CC.OO., no ha dudado a la hora de criticar duramente a la alcaldesa por su gestión de los despidos de LYMA. Así, la sección sindical en el Ayuntamiento de Getafe ha acusado a Sara Hernández de «negar el derecho a la presunción de inocencia» de los implicados y de aplicar la sanción más severa recogida por el artículo 49 del Convenio Colectivo en vez de optar por la suspensión de empleo y sueldo, también recogida en el mismo artículo.
«Deberían haber juzgado las faltas con carácter correctivo y no represivo como establece el Convenio Colectivo, había alternativas, pero no, hicieron tabla rasa y aplicaron en todos los casos la máxima sanción», apunta el sindicato.
Asimismo, consideran inadmisibles las palabras de la regidora, quien aseguró que los despedidos habían cometido un delito de malversación de caudales públicos. «Hasta que una sentencia firme dictamine lo contrario, todo el mundo tiene derecho a ser tratado como si fuera inocente«, subrayan.
«Deberían haber aplicado el principio de proporcionalidad y graduado las sanciones teniendo en
cuenta las circunstancias y particularidades de cada caso: la cuantía de lo supuestamente defraudado (hay
quienes no llegaron a cobrar cantidad alguna), la reincidencia, la intencionalidad», concluye CC.OO.