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Cristina González podría haber incurrido en “malversación de caudales públicos”

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La Audiencia Provincial de Madrid acordó en febrero de 2017, hace ahora justamente dos años, reabrir las diligencias del llamado ‘Caso Tickets’ por el presunto uso irregular por parte de la socialista Cristina González del aparcamiento del Ayuntamiento, lo que podría ser constitutivo de un delito de malversación de caudales públicos, según consta en el auto al que ha tenido acceso Getafe Actualidad.

En el mismo, la Audiencia Provincial venía a estimar el recurso de apelación interpuesto por la exconcejala del PSOE y actual edil no adscrita, Mónica Cerdá, contra el sobreseimiento y archivo provisional de la causa dictada por el juzgado de Instrucción número 5 de Getafe.

Así, el tribunal consideraba que el sobreseimiento de la causa era “prematuro”, ya que la utilización por parte de Cristina González “a coste cero” del aparcamiento municipal en la etapa previa a ser designada cargo de confianza de la alcaldesa “podría ser susceptible de encaje en el delito de malversación de caudales públicos”, motivo por el cual acordaba dejar sin efecto el sobreseimiento “a fin de que se investiguen los hechos denunciados”.

El auto, fechado el 20 de febrero de 2017 y que tiene continuación con la reapertura de las diligencias citada por el juzgado de Instrucción número 5 con fecha 9 de marzo del mismo año, recoge que los hechos denunciados en su día por Cerdá “podrían constituir una actuación arbitraria de la administración pública, pues nos encontraríamos con que Cristina González, sin cargo público ni relación laboral con el Ayuntamiento de Getafe, se habría valido de la actuación del gerente de GISA para aparcar todos los días del año a coste cero”.

Se apoya así la Audiencia Provincial en un informe encargado por Mónica Cerdá durante su etapa como consejera delegada de GISA sobre el uso del aparcamiento por parte de González, entre el 15 de diciembre de 2015 y el 15 de marzo de 2016, en el que se detalla que la cantidad supuestamente consumida ascendería a 1.276,61 euros, de los que únicamente se abonaron 63,89 euros “justificándose la falta de pago del resto mediante los correspondientes vales descuento”.

Ante tales evidencias, recalca la Audiencia Provincial que “debe llevarse a cabo una investigación” con el objeto de “determinar si se ha podido producir ese exceso y ese resultado de perjuicio económico” a las arcas municipales.

El juzgado, no obstante, acordó en septiembre de 2017 un nuevo sobreseimiento de la causa, que volvió a ser levantado por la Audiencia Provincial en junio de 2018 dando lugar posteriormente a la imputación de los anteriormente citados para ser oídos en sede judicial.

La imputación de Cristina González podría suponer un varapalo a sus aspiraciones políticas, toda vez que ahora queda en duda su inclusión en unas futuras listas del PSOE al Ayuntamiento de Getafe e incluso a la Asamblea de Madrid.

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