El caso de la denuncia por presunta prevaricación iniciado por el PP de Getafe contra la edil no adscrita Mónica Cerdá está muy cerca de cerrarse de forma favorable para la exconcejala socialista.
El fiscal ha remitido un escrito al juzgado de Instrucción número 3 de Getafe, al que ha tenido acceso Getafe Actualidad, en el que pide “el sobreseimiento provisional de las actuaciones por no resultar suficientemente justificada la perpetración del delito”, después de que la concejala popular Mirene Presas llevara ante la justicia a Cerdá por la adjudicación a ACOEG de la elaboración de una guía de comercio cuando la hoy edil no adscrita ejercía como consejera delegada de GISA, antes de abandonar el Gobierno local.
En concreto, Presas denunció a Cerdá por, presuntamente, haber adjudicado un contrato por valor de 14.000 euros a la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Getafe (ACOEG) en octubre de 2015, obviando un informe en contra del área jurídica del Ayuntamiento y “a sabiendas de su injusticia”.
Tras recabar los testimonios de las partes implicadas, ha quedado acreditado que Cerdá autorizó y firmó dicho contrato desoyendo el citado informe (que aludía a que el objeto social de ACOEG no guardaba relación con el objeto del contrato), si bien también ha quedado demostrado que ese informe no era vinculante.
En este sentido, el fiscal argumenta su petición de archivo de la causa en el hecho de que no se haya “acreditado de la instrucción arbitrariedad en la adjudicación del contrato, reuniendo el expediente todos los requisitos y no quedando acreditado ni que la resolución fuera injusta ni que fuera arbitraria”.
Por todo ello, solicita al juzgado el sobreseimiento de la causa “ante la carencia de pruebas que permitan sostener la acusación, al no haber quedado acreditados de la instrucción practicada los elementos del tipo penal”.