El Gobierno local se ha adelantado al PP en el cruce de amenazas y ha procedido en la mañana de este lunes a presentar en el juzgado de la localidad una querella por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, fraude y malversación por la contratación y despido del abogado Alberto Ganga durante la pasada legislatura.
Tras presentar esta querella en el Consejo de Administración de la empresa pública celebrado el pasado jueves, el Gobierno municipal “ha querido que la justicia investigue una serie de posibles irregularidades detectadas durante la gestión del concejal del PP Fernando Lázaro como consejero Delegado de GISA y de Juan Soler como alcalde”
Así, según detalla el Ejecutivo en un comunicado, “durante la pasada legislatura, GISA, con la gerencia de Marisa Gil, contrató e inició el procedimiento de despido del abogado Alberto Ganga, en una serie de circunstancias que se podrían considerar irregulares y que han motivado esta denuncia”.
Además, la querella también pretende que se investigue a la concejala no adscrita, Mónica Cerdá, quien “presuntamente habría tomado la decisión, como consejera delegada, de aprobar una indemnización por este despido”.