La Universidad Carlos III de Madrid ha remitido un comunicado interno a sus trabajadoras afectadas por las grabaciones íntimas realizadas por un enfermero de un empresa interna en el que asegura que estas imágenes, obtenidas de forma ilícita durante los reconocimientos médicos, no han sido difundidas ni compartidas por el detenido.
En centro subraya que está prestando «su colaboración en la investigación que lleva a cabo la policía en el marco de las diligencias previas abiertas por el Juzgado y se ha personado en ellas en defensa de los intereses de la comunidad universitaria y en apoyo de las trabajadoras afectadas».
Asimismo, la Universidad anuncia que, a través de su servicio jurídico y de la asistencia jurídica especializada que éste precise, «podrá representar en el procedimiento judicial a aquellas trabajadoras que, voluntariamente, así lo deseen para la defensa de sus intereses».
Este servicio, añade el centro, será gratuito para aquellas trabajadoras que lo soliciten.
Además, y con el objetivo de «no interferir en la investigación y guardar la debida confidencialidad», la Universidad está ofreciendo información sobre el mismo a las afectadas según van siendo contactadas por la policía.