El PP de Getafe adjudicó por importe de 122.000 euros más IVA, en mayo de 2015, un contrato a la empresa en la que el hermano del por entonces primer teniente de Alcalde y concejal de Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior, Fernando Lázaro, figura como apoderado.
En concreto, el contrato hace referencia a la compra de dos máquinas barredoras por parte de LYMA a la empresa CASLI S.A., de la que es apoderado desde febrero de 2013 Santiago Lázaro Soler, hermano del todavía edil del PP en el Ayuntamiento y que además se encuentra en situación de investigado por su presunta participación en el llamado Caso Teatro.
La Mesa de Contratación de LYMA adjudicó el 21 de abril de 2015 el contrato para la adquisición de estas dos máquinas barredoras a CASLI tras procedimiento negociado, un contrato que se firmó el 18 de mayo de ese mismo año.
Según ha podido saber Getafe Actualidad, la empresa del hermano de Fernando Lázaro era la única de las que licitó que disponía de stock para suministrar estas máquinas por vía de urgencia para su uso en las Fiestas Patronales de ese año. La adquisición se realizó por procedimiento urgente y apenas una semana antes de las elecciones municipales de 2015, tras las que el PP de Juan Soler perdió el Gobierno municipal.
El contrato lo suscriben el concejal de Mantenimiento, Limpieza y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Getafe, Jesús Burranchón, y el responsable de CASLI S.A., Santiago Lázaro Soler, y supone la adquisición de dos máquinas marca Kärcher por un importe de 122.000 euros más IVA.
Fernando Lázaro
Fernando Lázaro Soler fue el hombre fuerte del área económica durante el Gobierno de Juan Soler. Además de concejal de Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior, fue consejero de la empresa municipal de limpieza (LYMA) en la pasada legislatura.
Asimismo, Lázaro permanece actualmente como investigado (la antigua figura del imputado) por su presunta participación en las irregularidades detectadas por la policía en el proyecto del teatro de la calle Madrid.
Así, en el marco de la operación policial, el juez que instruye la causa ve indicios de los presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos tras las investigaciones policiales que han dado origen al procedimiento judicial que permanece abierto.
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