El informe de la Policía Judicial que señala el presunto amaño de cuatro contratos relacionados con el Caso Teatro durante el mandato de Juan Soler es contundente. En este informe, la policía determina que “en algunos expedientes es el empresario y no la administración local quien dictamina el precio de los trabajos”.
En concreto, la UDYCO analiza en profundidad cuatro expedientes de contratación relacionados directa o indirectamente con el llamado Caso Teatro, por el cual permanecen investigados (la antigua figura del imputado) cinco ediles del actual Grupo Municipal Popular y que ejercieron bajo las órdenes de Juan Soler entre 2011 y 2015.
Así, recoge la Policía Judicial que en los cuatro expedientes analizados (las escuelas infantiles de Los Molinos y Cerro Buenavista, la rehabilitación del antiguo mercado municipal y el Teatro de la calle Madrid) “se puede observar una celeridad fuera de lo común” y señala directamente a Antonio José Mesa, ya que “en todos ellos la propuesta para aprobar los pliegos y las cláusulas administrativas que realiza el concejal se produce antes de que los mismos estén redactados”.
Asimismo, en estos expedientes se alega “falta de personal y de medios materiales propios del Ayuntamiento para así contratar este tipo de licitaciones con personal externo”, y se concluye con contundencia que “los expedientes reseñados en este oficio iban a ser adjudicados al entorno de la mercantil A-Cero antes de convocarse su concurso”.
Fraccionamiento de contratos
El informe policial acredita, a su vez, los reparos de la Intervención municipal a la forma de proceder del Gobierno de Juan Soler en estas adjudicaciones, así como la “crítica hacia la utilización del procedimiento negociado sin publicidad”.
Sin embargo, en el caso de las escuelas infantiles, la interventora resalta nítidamente que “se trataría de un fraccionamiento de contratos”, sin que sus consideraciones fueran estimadas ni subsanadas “por aquellos que participan en la tramitación de los expedientes ni por sus superiores”, de lo que se infiere “bien una dejadez de funciones o bien que esta forma de actuar era habitual en la Corporación local, tramitando expedientes de manera irregular”.