El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Getafe investiga a tres trabajadoras del centro de Educación Especial Ramón y Cajal de Getafe por un presunto caso de malos tratos hacia un antiguo alumno del colegio que padece autismo, según publica este miércoles Cadena Ser.
El titular del juzgado ha llamado ya a declarar a las tres empleadas de este centro al que acuden niños y niñas con necesidades especiales después de recibir la denuncia de los padres de Eduardo, quienes notaron comportamientos extraños en el menor al poco tiempo de comenzar las clases.
Por ello, colocaron al niño un dispositivo de grabación con el objetivo de conocer qué podría estar ocurriendo en el entorno escolar, unas grabaciones que han sido aportadas como pruebas del presunto maltrato al que fue sometido el pequeño por parte de su tutora, de la profesora de apoyo, de la auxiliar de enfermería y de personal del comedor. Todas ellas han sido citadas a declarar en calidad de imputadas.
En las grabaciones, cuyo extracto difunde Cadena Ser en su información, puede apreciarse cómo las trabajadores amenazan al menor con echarle agua por encima, con pincharle e incluso llegan a burlarse de él por su forma de comunicarse.
Tras la publicación de esta información, la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, ha utilizado sus redes sociales para mostrar su preocupación por el caso y ha señalado que “estamos al habla con la dirección del centro y la dirección de área Territorial Sur de la Comunidad de Madrid para tratar de conocer qué ha pasado”.
Por su parte, fuentes municipales han señalado que desde el Ayuntamiento de Getafe no existía constancia de estos hechos, si no que ha sido conocedor de los mismos a través de los medios de comunicación, momento en el que se ha puesto en contacto con el director del Área Territorial Sur de la Comunidad de Madrid, así como con la dirección del colegio.
«La Comunidad de Madrid y el colegio han confirmado que sí tenían constancia de los hechos desde que se produjeron, pero sin embargo en ninguno de los casos lo habían traslado al Ayuntamiento. Desde el Ayuntamiento nos hemos puesto a su disposición cuando nos hemos enterado, para todo aquello que necesiten», indican estas mismas fuentes, para añadir que «nos han confirmado que desde que ocurrieron los hechos se abrió una investigación por su parte así como un protocolo contra el acoso«.
En cualquier caso, desde el Gobierno municipal recuerdan que se trata de un caso que debe resolver la Comunidad de Madrid, ya que el Consistorio no tiene competencias.