Desde que la construcción de las viviendas públicas proyectadas en la parcela 1.4 de El Rosón se viera paralizada indefinidamente a finales de verano, las informaciones sobre el único y fallido proyecto de calado de la EMSV van surgiendo con cuentagotas.
Como ya informó en su día en exclusiva Getafe Actualidad, las dudas razonables que preocupan a los futuros vecinos apuntaban directamente a los responsables municipales encargados de la gestión de la empresa pública como principales culpables de una situación que penaliza a cientos de familias con proyectos de vida truncados por la incapacidad de sacar adelante el proyecto.
En este sentido, y después de múltiples especulaciones sobre los motivos que llevaron al Gobierno local de Sara Hernández a parar las obras de una de las dos parcelas que forman parte del único plan de vivienda pública de la presente legislatura, finalmente se confirma que el motivo de dicho retraso es la pésima gestión de la EMSV, única responsable de la situación y única responsable de que aún no se hayan retomado los trabajos.
Tras la última paralización, el Gobierno de PSOE e IUCM-LV anunciaba que se habían hallado en los terrenos indicios de contaminación que exigían analizar el suelo en un laboratorio holandés y esperar al dictamen de la Comunidad de Madrid antes de dar el siguiente paso.
Informes
En ese paréntesis, y ante la lógica indignación de los adjudicatarios, transcendió que existía un informe previo en el que se daba cuenta de la posible contaminación del suelo, y que dicho informe no se incorporó ni al proyecto, con el PP en el Gobierno, ni al pliego, ya con el PSOE al mando.
Tal y como ha podido saber Getafe Actualidad, no existía un informe, sino tres. De ellos, dos hablaban de posible contaminación en el suelo, si bien el que se incorporó al proyecto fue, precisamente, el único que no recogía este extremo.
De esta manera, se empieza a clarificar qué es lo que ha podido ocurrir en esta parcela. Según informa hoy El País, la Comunidad de Madrid determina que el resultado del análisis del laboratorio holandés es contundente: “La presencia de los contaminantes no supone un riesgo inaceptable, por lo que no procede la declaración de suelo contaminado”.
Dicho esto, el siguiente paso sería proceder a la retirada de las tierras (incluyendo la cimentación del antiguo polígono de El Rosón), a su correcto tratamiento y a la posterior cimentación. El problema reside en determinar a quién corresponde hacer frente a estos trabajos, que pueden tener un coste económico importante, un hecho que podría haber sido el motivo que propició la renuncia de la primera empresa adjudicataria y que estaría generando a su vez conflictos con la actual constructora.