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El exconcejal Santos Vázquez vuelve a ganar al Ayuntamiento en los tribunales por la modificación de sus condiciones laborales

santos vazquez

La sección 6 de la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha vuelto a dar la razón al exconcejal socialista Francisco Santos Vázquez, quien recurrió a la vía legal para denunciar la modificación unilateral e “injustificada” de sus condiciones laborales perpetrada por el anterior Gobierno del PP y recurrida por el actual Ejecutivo de PSOE e IUCM-LV.

Los antecedentes de hecho se remontan al 12 de junio de 2013, con Juan Soler en el Gobierno local, cuando el PP decidió modificar las condiciones laborales de Santos Vázquez, que venía desempeñando las funciones de director técnico de Deportes y que pasaba a ejercer como coordinador de Cooperación.

El cambio de responsabilidades llevaba aparejado, asimismo, una considerable merma en las retribuciones y en las competencias a ejecutar, lo que motivó que el exedil denunciara la situación ante la justicia.

El 22 de junio de 2017, el juzgado de lo Social número 9 de Madrid dictaba sentencia favorable a Santos Vázquez por estos hechos declarando “injustificada la modificación sustancial impuesta” e instando al Consistorio a reponer «al actor en su anterior puesto de trabajo de Director Técnico de Deportes y con las mismas funciones y condiciones laborales que tenía antes de la modificación”, condenando asimismo al Ayuntamiento de Getafe a pagarle “en concepto de indemnización de daños y perjuicios ocasionados, la cantidad de 505,26 euros por cada mes transcurrido desde el 12 de junio de 2013 hasta el total cumplimiento de la sentencia”, lo que a día de hoy supone más de 30.000 euros.

El Ayuntamiento de Getafe, ya con el PSOE e IUCM-LV en el Gobierno, presentó recurso de suplicación ante el TSJM, siendo rechazado dicho recurso el pasado 14 de mayo, lo que supone la ratificación de la sentencia de junio de 2017 y la condena al Consistorio a abonar 600 euros al letrado de Santos Vázquez en concepto de honorarios.

De esta forma, sumando la creciente indemnización hasta que la sentencia sea firme, los costes procesales y el gasto en retribuciones de abogados, el Ayuntamiento de Getafe podría tener que hacer frente a un desembolso superior a los 100.000 euros.

Ahora, el Gobierno municipal tiene en su mano asumir la sentencia y el correspondiente coste de la misma o bien recurrir en casación con el riesgo de seguir incrementando las cantidades adeudadas.