La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, tendrá que declarar el próximo día 9 de enero en calidad de querellada por un presunto delito medioambiental relacionado con los vertidos ilegales desde Perales al río Manzanares.
El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número de 3 de la localidad ha citado a la regidora y al concejal de Sostenibilidad, Urbanismo y Vivienda, Jorge Juan Rodríguez Cornejo, para ser oídos “en calidad de querellados” tras la denuncia realizada por el partido local Impulsa Getafe.
El magistrado entiende que hay motivos para iniciar las diligencias previas por un presunto delito “en contra de los recursos naturales y el medio ambiente”, por lo que cita a ambos responsables del Gobierno municipal y admite por ende a trámite la querella.
Asimismo, el juez pide al SEPRONA de la Guardia Civil que compruebe sobre el terreno la existencia de estos vertidos de aguas fecales “desde un desagüe proveniente del barrio de Peales del Río, con conducción a cielo abierto, situado en la margen derecha del rio Manzanares, unos pocos metros antes del puente de la Cañada Real Galiana, y por quién”.
La alcaldesa y el concejal, «tranquilos»
Tras conocerse la citación judicial, el Gobierno local ha emitido un comunicado en el que asegura que la alcaldesa y el edil se muestran «tranquilos», a la vez que ha derivado la responsabilidad a la Confederación Hidrográfica del Tajo.
Así, en el comunicado remitido a los medios, el Gobierno municipal asegura que «a principios de 2016 se puso en marcha la redacción de un proyecto en lo que respecta a la remodelación de las Elevadoras de Perales del Río I-II» y que «desde noviembre de 2016 se cuenta con ese proyecto, que se envió a todas las administraciones responsables, como son la Confederación Hidrográfica El Tajo, Consejería de Medioambiente de la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Madrid para que dieran su aprobación como requisito imprescindible para iniciar las obras».
«El Ayuntamiento de Madrid y la Consejería de Medioambiente dieron su visto bueno al proyecto en julio de 2018, mientras que la Confederación Hidrográfica El Tajo lleva desde julio de 2017 estudiando la situación sin pronunciarse al respecto», subraya el Ejecutivo.