La decisión adoptada por el Gobierno local de proceder al despido de 25 trabajadores de la empresa de limpieza LYMA va camino de salirle muy cara, y no solo en lo político.
El llamado ‘Caso facturas’, que supuso el despido fulminante de estos trabajadores por haber, presuntamente, defraudado cantidades cercanas a los 600 euros mediante la falsificación de facturas para cobrar ayudas sociales, le ha costado hasta la fecha al Ayuntamiento de Getafe la friolera de más de 60.000 euros, y la cifra puede aumentar sensiblemente en las próximas fechas.
De momento, cuatro trabajadores han ganado los recursos judiciales presentados contra la decisión adoptada por la Gerencia de LYMA, lo que ha conllevado una media de 12.000 euros en concepto de salarios de tramitación en tres casos y más de 22.000 euros en el cuarto, así como su consiguiente readmisión en la plantilla.
A eso hay que sumar los costes judiciales y de personal que está suponiendo el proceso judicial, lo que podría acercar la cantidad a los 100.000 euros que deberán pagar los vecinos y vecinas de Getafe de su propio bolsillo.
Además del concejal responsable del área, Ángel Muñoz, y el gerente de la empresa, Antonio de María, el procedimiento está poniendo el foco en la figura de Marcos Oviedo, director de Recursos Humanos de LYMA y máximo responsable por tanto de los expedientes en los que se ha apoyado el Gobierno local para argumentar los despidos.