El plazo concedido por la Comunidad de Madrid para acometer las obras que minimicen el ruido en Corrugados ha vencido sin que éstas se produzcan, una situación que desde la Plataforma de Afectados por Corrugados sintetizan de manera clara: “La fundición lleva cinco días funcionando fuera de la legalidad”.
Además, la organización vecinal acusa a la Consejería de Medio Ambiente y al Ayuntamiento de Getafe de callar ante el incumplimiento de la normativa por parte de la fundición, “requisito indispensable para renovar la Autorización Ambiental Integrada (IAA)”, esto es, “el permiso de funcionamiento para este tipo de industrias que también finalizó el pasado 30 de junio”.
“Hemos pedido conocer los resultados de las mediciones de ruido que se llevan haciendo desde hace semanas en viviendas de los barrios de Juan de la Cierva y de Los Molinos, los más próximos a la siderúrgica, además de la motivación de las mismas, pues ya quedó probado ante un juez el incumplimiento por parte de Corrugados de los niveles de ruido tanto de día como de noche”, asegura la plataforma en un comunicado.
Los inicios de esta lucha se remontan a 2017, cuando las continuas quejas de un vecino consiguieron que se realizaran mediciones de ruido en tres puntos durante cuatro días en las inmediaciones de la fábrica dentro de las zonas residenciales. Los resultados no dejaron lugar a dudas, remarcan, el ruido provocado con esta industria pesada superaba los 55dB máximos en horario nocturno.
“Con esos datos, el Ayuntamiento confeccionó un Anexo III en su Plan de Acción contra el Ruido, en el que se reflejan las mediciones realizadas y sus valores por encima de los límites fijados. Con esas pruebas se presentó una denuncia que fue aceptada por la Fiscalía de Getafe. El plazo inicial que se dio a Corrugados para acometer las obras necesarias fue septiembre de 2020 y el resultado es que a día de hoy están sin realizar”, apuntan.
Por su parte, Ecologistas en Acción también denunció en 2018 a la Consejería de Medio Ambiente ante el Consejo de Transparencia tras 15 meses solicitando información sobre un plan de minimización de ruidos.
Tres años después la historia se repite. “Ante el silencio, de nuevo, de las administraciones competentes, desde esta plataforma exigimos transparencia en la comunicación de los datos relativos a las mediciones de ruido, al estado de implantación del plan de minimización del ruido y de cualquier otra circunstancia que atente contra la salud de los vecinos y la calidad del medio ambiente. Exigimos una solución real, inmediata y efectiva ante una fundición que sigue funcionando al margen de la legalidad”, concluyen.