La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, se ha mostrado este lunes tajante a la hora de valorar la decisión de expulsar de la plantilla de LYMA a 25 trabajadores por haber falsificado facturas con la intención de cobrar ayudas sociales, y ha querido mantener su “postura firme” ante las manifestaciones que estos exempleados están llevando a cabo pidiendo su readmisión.
“Mi postura es firme por una doble cuestión, por un lado, por la faceta jurídica, donde se ha aplicado de forma estricta el convenio colectivo que recoge que ante faltas muy graves la consecuencia es el despido, y en segundo lugar porque se han cometido supuestamente delitos”, ha explicado la regidora durante el acto de presentación del libro ‘El Legado de la Solidaridad’ junto al secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo.
El acto, celebrado en el Espacio Mercado, ha coincidido en tiempo y espacio con la primera de las concentraciones de los afectados a las puertas del consistorio pidiendo su readmisión, a pesar de lo cual no se han registrado incidentes.
“Se han malversado caudales públicos con facturas, sacando el dinero a los vecinos y vecinas que pagan con sus impuestos”, ha subrayado la alcaldesa, quien ha reconocido que esta decisión ha sido “dolorosa”, a pesar de lo cual se ha ratificado en la misma.
Circunstancias «particulares»
Por su parte, CC.OO. ha cuestionado la decisión del Gobierno local y ha apuntado que el Ejecutivo «aplica la máxima sanción en todos los casos sin tener en cuenta las circunstancias particulares ni el principio de proporcionalidad».
El sindicato señala además que los expedientes «se tramitaron sin dar plenas garantías de defensa a los afectados, impidiendo a CCOO ejercer su labor de asesoramiento y representación» a la vez que ha indicado que «muchas faltas podrían haber prescrito».