Finalmente, y tras varios meses de incertidumbre, los peores presagios se han cumplido. Los adjudicatarios de las 147 viviendas protegidas que gestiona la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Getafe en la zona de El Rosón veían con estupefacción cómo el Gobierno local del PSOE anunciaba el pasado 1 de agosto la renuncia definitiva de la Unión Temporal de Empresas (UTE) encargada de construir el único proyecto de vivienda pública que tiene entre manos el Ejecutivo de Sara Hernández.
Las dos obras, separadas por apenas unos pocos metros, han parado definitivamente después de un sinfín de problemas y de una manifiesta incapacidad por parte de los responsables municipales de poner remedio a la situación de 147 familias que, ahora, ven cómo sus viviendas se volverán a demorar varios años tras ser adjudicadas en 2015.
El pasado 7 de junio, una de las dos empresas que forman la UTE, Oproler, anunciaba un futuro concurso de acreedores y hacía presagiar una hecatombe en estas dos promociones. Getafe Actualidad preguntó entonces a la alcaldesa en funciones, Sara Hernández, por este extremo y por cómo podría afectar a las obras.
La regidora dijo en aquel momento no tener conocimiento de esta noticia, y de hecho arremetió contra los medios de comunicación que venían anunciando y denunciando la situación de las viviendas de El Rosón. Es más, Sara Hernández llegó incluso a asegurar que dichas viviendas estarían finalizadas tras el verano.
Por desconocimiento o por opacidad intencionada, lo cierto es que la alcaldesa pinchó en hueso al tratar de restarle importancia al convulso escenario que se viene planteando desde hace mucho tiempo con estos 147 pisos de protección.
De hecho, el Gobierno local ha dejado en evidencia las palabras de la propia regidora al asegurar en un comunicado que “la empresa pública ya venía trabajando en la redacción de unos nuevos pliegos como medida preventiva, ante el conocimiento, el pasado mes de junio, de que una de las empresas de esta UTE, OPROLER, había entrado en concurso de acreedores”.
Es decir, pese a que Sara Hernández aseguraba que las viviendas estarían finalizadas después de verano, la EMSV ya trabajaba en la redacción de unos nuevos pliegos, con su consiguiente proceso de adjudicación, lo que supone que los plazos se prolongarán mucho más allá del próximo otoño.
La renuncia viene de la otra empresa que formaba la UTE tras la quiebra de Oproler. Esta empresa nunca se echo atras para seguir con la obra. De hecho asumio las perdidas y a los trabajadores de la empresa en quiebra. Por lo tanto, su renuncia se debe a otros temas. Desde la EMSV nunca se ha tenido intencion de facilitar esta labor y, de hecho debe varios pagos mensuales de certificaciones de obra. Esa es la realidad de que la empresa se ha “visto obligada” a renunciar (la incapacidad de EMSV de negociar para que la obra continue)
Como siempre, el “desconocimiento” o “incapacidad de gestion”, son los verdaderos responsables de dejar a los propietarios y trabajadores en el limbo.